17/2/09
El 15F aporta pruebas, si hiciera falta alguna, de la inconveniencia de que un jefe de gobierno sea, a la vez, jefe de partido, porque a falta de una explicación suficiente, que nunca se ha dado, la única que puede encontrarse es que ese plebiscito sobre la reforma constitucional trata de evadir el problema de la sucesión o, dicho en criollo, pretende evitar que crezcan los enanos, de la condición de bufones de la corte a la de aspirantes al trono.
Evento incomprensible si se piensa en una perspectiva de 4 años, en un país donde nadie se atreve a augurar lo que pueda pasar mañana. La única manera de comprenderlo es desde la óptica de problema partidista, interno, de la logia gobernante (inexplicable hacia afuera), de quien va a ser candidato en el futuro.
De manera que la razón de partido se sobrepuso esta vez a la razón de estado, lo cual tampoco es nada nuevo, si se observa el modelo cubano, en que Castro no puede darse el lujo de morirse porque nadie sabe lo que pueda pasar después, por lo que permanece en ese extraño rol de lobo al acecho, no vaya a ser que a alguien se le ocurra aspirar a controlar los hilos o a acabar el control.
Este problema también lo heredó de la URSS, que a la muerte de Stalin los jefes de las facciones tenían que caminar con la espalda pegada a la pared y, según la leyenda oficial, asesinaron a Beria, el jefe de la KGB, en medio de un concilio ritual, para asegurar el ascenso de Kruschov al poder.
Diez años más tarde, en 1964, en el momento de su caída, Nikita Kruschov se lamentaba de cómo era posible que el problema de la sucesión llevara siempre a Rusia al borde de la guerra civil, mientras parecía una cuestión de tan fácil solución en occidente, concluyendo que ese era un problema apremiante que debía resolver el socialismo si pretendía tener algún porvenir.
Lo cierto es que el problema nunca se resolvió institucionalmente, dando origen a intrigas palaciegas, golpes de trastienda, desconfianzas mutuas y tensiones entre aparatos que ya son características propias de regimenes absolutos y de culto a la personalidad, como los del socialismo real, desde Cuba hasta Corea.
Los regimenes totalitarios, que giran alrededor de un eje constituido por un solo individuo, lo elevan a una absurda indispensabilidad, de la que todos terminan siendo víctimas. Así como el partido parasita al Estado, éste coloniza a toda la sociedad y la somete a sus designios, que son los caprichos del líder.
Y no es por el carisma del líder, que puede ser tan gris como Brezhnev, un apparatchik como Andropov o un deplorable alcohólico como Yeltsin: es una fatalidad del sistema socialista, de partido único, enhebrado al Estado. Al final, la razón de partido se superpone y prevalece sobre el interés de la sociedad toda, que generalmente ignora el origen de sus sinrazones.
DICTADURAS. Las mismas elites que no podían resistir ni unos días a Carlos Andrés Pérez para que terminara su período constitucional y lo defenestraron ilegalmente (sin que se ignore la presión de los golpistas), ahora le regalan a Chávez hasta el 2012, con el argumento de que ese sería su período constitucional.
Sin que nadie lo explique, porque según la Constitución por la que fue elegido en 1998, el período era de 5 años, sin reelección inmediata; y según la de 1999, hoy vigente, no se puede reelegir sino una sola vez, por un solo período de 6 años. Pero he aquí que ya lleva tres elecciones sucesivas, 10 años en el poder, 4 años pendientes y pretende reelegirse ad infinitum. ¿Cuál es entonces esa Constitución que lo rige?
Algunas elites han llegado a la inevitable conclusión de que este es un régimen de facto; pero, acto seguido, suscriben la tesis del período constitucional que concluye en 2012. ¿Cómo es posible? Todo el mundo sabe que los regímenes de facto no tienen período y que duran hasta que son depuestos. La razón de esta incongruencia podría estar en la cautela que impone no sacar las debidas conclusiones de las propias premisas.
Lo cierto es que si en Venezuela existe una dictadura militarista totalitaria, la complementa una oposición que, según sus voceros más acreditados, está dispuesta a salir a enfrentar a quien ose insurgir contra la "democracia" y el hilo constitucional.
Los socialistas bolivarianos de la oposición han cifrado todos sus cálculos en las elecciones sucesivas, de aquí al 2012, en que van a encallejonar al país en la disyuntiva de votar a favor o contra Chávez. Para los socialistas, la política nunca es un ámbito para tomar decisiones libres y conscientes, sino para la imposición: se trata de obligar a la gente a hacer lo que nunca haría libremente, como votar por Rosales, por ejemplo; pero tendrán que hacerlo o calarse a Chávez. Usted decide. A eso se llama hacer política con "P" mayúscula.
Desde este punto de vista, las cosas no han cambiado demasiado con la reforma constitucional, de lo que se trata es de mudar la consigna de la "fecha de vencimiento" a "de todas maneras vamos a ganar". Que la Constitución se haya convertido en un adefesio, es lo de menos.
Cualquiera sabe que "a la ley hay que atribuirle el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intensión del legislador". No hay dudas de cual es el sentido de la palabra "alternativo", ni de la intención del constituyente, diga lo que diga el TSJ.
Con la reforma impuesta por el ejecutivo se consagra una incongruencia: se mantiene el principio de la alternatividad, pero en la práctica, el gobierno puede ser continuo, porque alternatividad no implicaría cambiar una cosa por otra, como noche y día, sino la posibilidad de decidir en cada caso. Pero cualquier buen padre de familia sabe que cuando les dice a sus hijos que pueden usar el carro "alternativamente", significa que si uno lo usa una vez, al otro le toca la próxima y así, sucesivamente.
Según nuestros ilustres magistrados, si deciden que uno lo usa hoy, mañana hay que decidir de nuevo y así sucesivamente, de manera que uno solo de los muchachos puede usar el carro todo el tiempo y eso no afecta la alternatividad.
El pensamiento incongruente del TSJ no es tampoco nada nuevo. En las decisiones contra RCTV, por ejemplo, se incautan las instalaciones y equipos de la emisora y se declara explícitamente que eso "no afecta la propiedad privada". También se cerraron sus transmisiones en señal abierta, pero eso "no afecta la libertad de expresión", y pare usted de contar. Basta declarar que una cosa no es lo que es, para que no sea lo que es. Un insulto al sentido común.
El problema es si algo así puede funcionar y a dónde nos puede conducir. Puestos otra vez a decidir entre qué es mejor, si dictadura o democracia, centralismo o federalismo, totalitarismo o pluralismo, militarismo o civilismo, este régimen parece convencido de que se puede hacer lo primero proclamando lo segundo; pero ¿realmente se puede hacer algo así?
Los venezolanos constataremos en la práctica si existen razones para las decisiones tomadas por las sociedades civilizadas ante aquellas disyuntivas.
ELECCIONES. El CNE da sus resultados, completamente incongruentes con los resultados anteriores, numéricamente inconsistentes y sociológicamente inverosímiles; pero la nueva oposición (equilibrada, sensata) los acepta sin chistar, porque hacer lo contrario "promovería la abstención" y "haría perder la confianza en el voto", lo que esta por encima de cualquier otra consideración.
El registro electoral es demográficamente inconcebible. Según el CNE, dos de cada tres venezolanos son adultos en edad de votar. La pirámide poblacional de Venezuela se invirtió sin que nos diéramos cuenta. Pero sin embargo los ministerios siguen trabajando con la idea de que la familia venezolana está bien representada por "dos adultos con cinco hijos". Deberían ser familias de viejos, casi sin niños. Pero Venezuela se sigue definiendo como "un país de jóvenes".
Un registro electoral realista, sobre una población de 26 millones, no podría llegar a 12 millones, con lo cual en Venezuela vota el 100% de los potenciales electores. Un hecho único en el mundo.
Pero nadie sabe dónde votan, porque en el referéndum revocatorio presidencial de 2004, las colas le daban vuelta a la cuadra y hubo que esperar 14 horas para ejercer el sagrado deber. En cambio ayer, no había colas en aquellos mismos centros, la gente entraba y votaba sin tener que esperar ¡y se saco un 50% más votos que aquella vez!
El electorado venezolano es el más volátil del mundo, su comportamiento errático es completamente inexplicable: hace menos de un mes el gobierno pierde en Caracas y Carabobo, pero ayer gana; si el CNE tuviera un mínimo de decencia William Dávila sería gobernador de Mérida ¡pero allí pierde el SI! Esto por no hablar de los supuestos tres millones de chavistas desaparecidos desde las elecciones presidenciales de 2006 y que nadie encuentra.
La nueva oposición dice que el país está dividido en dos, ellos y el gobierno: los demás venezolanos no existimos. Son pluralistas, pero las únicas opiniones que escuchan y que se pueden difundir son las de ellos. Nadie, en este país, es liberal, cree en el libre mercado, en el Estado mínimo o que exista algo así como el fraude electoral.
Los especialistas electorales de todas las tendencias, desde Genaro Mosquera hasta Carlos Presencia Jurado, han demostrado hasta la saciedad sin que hayan sido refutados que en Venezuela existe un fraude electoral continuado y sistemático que obtura la posibilidad de cualquier salida electoral a la grave crisis política, moral e institucional que acogota al país.
Pero las elites han decidido otra cosa: solamente discuten la infalibilidad de la tinta indeleble para luego exhibir con orgullo el dedo pintado, aunque ninguno se molesta en explicar para qué sirve eso. No les importa el chantaje y la humillación de los funcionarios públicos, si creen que puede reportarles algún beneficio. Ahora aseguran que aquí nunca se ha sancionado a nadie por votar contra el gobierno.
Según la alta tecnología del CNE las máquinas capta huellas garantizan que nadie vote dos veces y supuestamente es lo único para lo que sirven. Pero todo el público ha podido ver cómo altos funcionarios del régimen, que están por encima de toda ley y de los demás ciudadanos, rompen las papeletas de votación delante de las cámaras y vuelven a votar, o sea, votan dos veces, sin que nadie diga ni haga nada. Entonces, ¿para qué la tinta, para qué las capta huellas? Los dueños del proceso hacen lo que les da la real gana.
No es aconsejable burlarse ni de una sola persona, ni que se la considere insignificante; mucho menos debería ser burlarse de millones de personas, tantas veces, tanto tiempo.
