Comunicado sobre la situación de la cárcel de El Rodeo
Caracas, 24 de Junio de 2011
Ante la respuesta desproporcionada de los organismos de seguridad del estado a la situación generada por los reclusos del internado Judicial El Rodeo I y II, el Frente Nacional de Abogados condena de la manera más enérgica esta intervención armada y lamenta profundamente el número aún desconocido pero aparentemente significativo de muertos y heridos que dicha intervención armada ha causado. El Frente Nacional de Abogados lamenta igualmente la represión violenta de los familiares de los reclusos, en su gran mayoría mujeres indefensas que solo piden información de sus seres queridos, y exige información completa y veraz sobre la suerte de todos los reclusos de El Rodeo.El país sabe que las causas de la crisis penitenciaria son múltiples, siendo las principales la corrupción de los entes del estado encargados de la gestión carcelaria, el retardo procesal, la convivencia de procesados y penados en un mismo recinto, el tráfico de armas tolerado (y no pocas veces practicado) por los organismos de seguridad que custodian las cárceles, el tráfico de drogas, la pésima alimentación, la falta de servicios médicos, la falta de clasificación de los reclusos, la desbordada violencia física e institucional y la carencia de servicios sanitarios. Esa es la realidad penitenciaria, no solo del Rodeo I y II, sino de todas las cárceles del país. En los últimos doce años sólo se han agravado los problemas que se arrastraban desde antes, y el “Plan de Humanización Penitenciaria” que el gobierno había anunciado en el año 2006 ha sido un estrepitoso fracaso, como lo evidencian las protestas recurrentes de los reclusos que han terminado en violencia y muerte.
La violencia cada vez más frecuente y más brutal en nuestras cárceles no es sino la punta visible de una crisis mucho más amplia que también abarca la corrupción y desprofesionalización de las fuerzas policiales y de orden público dependientes de los Ministerios del Interior y de Justicia y de la Defensa, la abierta politización y sometimiento del sistema judicial al poder ejecutivo, así como la falta de recursos y la desidia en el mantenimiento y construcción de la infraestructura carcelaria. El problema carcelario, por lo tanto, no se ha resuelto con el traslado de los internos del Rodeo I y II a otros centros penitenciarios del país que también sufren claramente de una situación de hacinamiento; los traslados con violencia de una cárcel a otra no constituyen medida correctiva alguna, ni siquiera un paliativo de corta duración.
Por todo lo anterior el Frente Nacional de Abogados propone, como medida inmediata, que se comisione de urgencia un número adecuado de jueces al perímetro de los centros penitenciarios para terminar de sustanciar los expedientes y dictar sentencia en los casos de los aproximadamente 39.000 procesados recluidos, muchos de los cuales esperan sentencia desde hace años, habiendo además un buen número de ellos cumplido ya la pena del delito por el que fueron enjuiciados. Proponemos que, comenzando por los procesados de más larga reclusión, todos los procesados sean sentenciados en los próximos doce meses.
Mientras tanto, proponemos que las autoridades carcelarias dependientes de los ministerios antes mencionados apliquen estrictamente las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C del 31 de julio de 1957 y 2076 de 13 de mayo de 1977. Para ello los funcionarios que custodian a los reclusos deberán recibir urgentemente la formación correspondiente, y el estado hacer las inversiones del caso en la refacción y mantenimiento de la infraestructura. Igualmente, debe respetarse y garantizarse plenamente el trabajo de los abogados y de los defensores de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El Frente Nacional de Abogados considera además que es indispensable:-
Respetar las medidas cautelares de protecciones a la vida y a la integridad personal de los internos de El Rodeo I y El Rodeo II, así como las de sus familiares, dictadas por la CIDH a solicitud del Foro Penal Venezolano, el 21 de Junio de 2011. -
Adoptar inmediatamente las medidas provisionales requeridas para diversos centros penitenciarios venezolanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cumplimiento de los estándares internacionales de no repetición contenidos en su sentencia del caso "Retén de Catia". -
Nombrar, por la Asamblea Nacional, una comisión independiente que investigue los hechos ocurridos en el Rodeo I y II y de establecer las responsabilidades que correspondan, tanto por parte del Ministerio de Interior y de Justicia, como del Ministerio de la Defensa y de los organismos de seguridad involucrados. -
Despolitizar, depurar y profesionalizar a la Guardia Nacional, el CICPC, la Policía Nacional y todo el sistema judicial. -
Nombrar, por la Asamblea Nacional y por consenso, un nuevo Fiscal General de la Republica y un nuevo Defensor del Pueblo de credenciales éticas y profesionales intachables.
Por el Frente Nacional de Abogados: Yvett Lugo, Pedro Nikken, Alonso Medina Roa, Claudia Mujica, Alfredo Romero, Tamara Suju, Gonzalo Himiob, Elenis Rodríguez, Jackeline Sandoval, Enrique ter Horst, Haydee Deutsch, Héctor Faundez, Carlos Ayala, Luz Marina Álvarez, Rombet Campero, Pedro Arévalo, Jorge Rosell, Roberto Andery, Orlando Velasquez, Mary de Maguessa, Rosalino Medina, Omar Estacio.
