Persecución política, criminalización de la disidencia y negación de Derechos Humanos en Venezuela
Caracas, 19 de Julio de 2011
La sentencia contra el líder político y ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, condenándolo a dos años de prisión simplemente por ejercer su derecho constitucional de emitir su opinión en el programa Aló Ciudadano del canal de noticias Globovisión con ocasión de un análisis del auto de procedimiento dictado por el juez Eloy Velazco, magistrado de la Audiencia Nacional de España, relativo al sumario que se instruye sobre las posibles relaciones, según ese acto judicial, entre ETA y las FARC de Colombia y el gobierno de Venezuela, constituye sin ninguna duda una grave violación de los artículos 57 y 58 de la constitución nacional, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La aprobación de leyes inconstitucionales que cercenan libertades y que se aplican de manera arbitraria para intimidar y así silenciar a quienes critican las políticas antidemocráticas del gobierno evidencian el propósito de establecer un sistema político totalitario. Vemos con profunda preocupación como en programas emitidos en el canal del estado, Venezolana de Televisión, se persiste en agredir y difamar con el objeto de destruir la reputación y dignidad de ciudadanos por el solo hecho de oponerse a ese proyecto político inconstitucional, sin que las instituciones públicas llamadas a defender los derechos humanos de todos los venezolanos se atrevan a cumplir con sus obligaciones constitucionales, en clara discriminación de quienes se oponen al gobierno y violando el articulo 21 de la constitución, que prohíbe la discriminación y garantiza la igualdad ante la ley.
También denunciamos la negación del derecho a la salud por parte del estado venezolano, escandalosamente pero no exclusivamente en los casos de Alejandro Peña Esclusa –a quien también se le ha negado el derecho de presunción de inocencia y de ser juzgado en libertad- y de Lázaro Forero, ambos afectados de cáncer, y quienes han tenido que mendigar permisos y traslados para evaluaciones médicas. A pesar de los diagnósticos de sus graves enfermedades no han recibido del gobierno venezolano la respuesta inmediata que urgentemente requieren para su pronta atención medica, tal y como lo establecen las leyes nacionales y los tratados ratificados por la Republica.
El Frente Nacional de Abogados de Venezuela denuncia el abuso de poder desde los organismos del gobierno, que solo velan por los intereses de una parcialidad política en detrimento de los demás ciudadanos, ignorando la supra constitucionalidad de los Derechos Humanos Universales inherentes a todo verdadero sistema democrático, permitiendo la criminalización de la disidencia, la impunidad de los delitos cometidos por los seguidores partidistas del proceso gubernamental, y la violación sistemática de los derechos fundamentales de todos los venezolanos en la medida que entorpecen o hacen imposible el establecimiento del proyecto totalitario que se pretende imponer desde el poder. La convivencia pacifica y civilizada entre los venezolanos exige que el gobierno nacional regrese al cumplimiento estricto de la constitución y de los convenios internacionales que ha ratificado y que son ley de la Republica.
Por el Frente Nacional de Abogados de Venezuela: Yvett Lugo, Pedro Nikken, Alonso Medina Roa, Gonzalo Himiob, Tamara Suju, Alfredo Romero, Claudia Mujica, Elenis Rodriguez, Haydee Deutsch, Enrique ter Horst, Jackeline Sandoval, Jorge Rosell, Héctor Faúndez, Luz Marina Alvarez, Antonio Rosich, Norma Delgado, José Luis Tamayo, Gustavo Tarre, Ramón José Medina, Rombet Campero, Pedro Arevalo, Elinor Montes.
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