09/6/11
Al momento de entregar este articulo, se estaría produciendo en Ginebra, Suiza, el primer Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela, que se realiza en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En representación del gobierno viajaron el canciller Nicolás Maduro, la presidenta del TSJ Luisa Estela Morales y la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, las dos últimas integrantes del poder judicial, que se supone es autónomo e independiente del ejecutivo, pero cuya actuación no ha dejado ninguna duda de que no son garantes de los derechos de todos los venezolanos, sino que representan los intereses de la mentada revolución del siglo XXI que lidera el presidente Chávez. Para estos representantes del gobierno, Venezuela es un ejemplo a seguir en ésta materia y todo lo que las ONG´S y los defensores de DDHH denuncian es falso, amén de terminar siendo acusados de desestabilización, de “traidores a la patria” de “velar por los intereses del imperio”, entre otras.
Será muy interesante saber que responderá Maduro cuando se le formulen preguntas sobre por ejemplo, ¿Por qué Venezuela no permite que Organismos Internacionales de observancia de los Derechos Humanos vengan al país? o ¿Porqué hace caso omiso a resoluciones o dictámenes emanados de dichos organismos como por ejemplo las sentencias producidas por la Corte Interamericana de DDHH o por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Dos ejemplos actuales de estos desacatos sobre la obligatoriedad del cumplimiento por parte del Estado venezolano de estos dictámenes, son el caso de Leopoldo López y el caso de la Juez María Lourdes Afiuni.
¿Cómo justificarán que aproximadamente 2400 venezolanos tengan persecución penal (la mayoría imputados formalmente pero con medidas sustitutivas de libertad que incluyen prohibición de hablar de sus casos, prohibición de realizar otras protestas públicas, algunos con prohibición de salida del país) por ejercer su derecho a protestar pacíficamente? También va a ser muy interesante escuchar al canciller explicar porque a los presos políticos, reconocidos por el gobierno nacional como presos políticos aunque sigan llamándolos delincuentes, se les ha violado sistemáticamente los derechos humanos, como por ejemplo la presunción de la inocencia, el derecho a la defensa, el derecho de ser juzgado en libertad, todo lo concerniente al debido proceso, y lo mas grave: la negación al derecho a la salud y por ende, al derecho a la vida. Habría que mencionar que fue solo a raíz de la huelga de hambre llevada a cabo por los jóvenes de la llamada Operación Libertad, que se logró arrancarles de los calabozos a ciudadanos que ya tenían el tiempo de pena cumplida para obtener su medida cautelar de libertad, que se logró que a los diputados Biagio Pilieri y Freddy Curupe se les otorgaran las medidas judiciales necesarias para ser juramentados posteriormente como diputados electos a la Asamblea Nacional, que el sindicalista Rubén González fuera liberado, y que a William Saud se le otorgara una medida humanitaria para operarse de emergencia del corazón. El gobierno obtuvo en esa oportunidad la lista de las enfermedades que los presos políticos padecen y fue solo después de que el presidente de la República ordenara a raíz de conocerse su enfermedad, que se atendieran los casos urgentes de estas personas, que se le “concedió” a Lázaro Forero y a Alejandro Peña Esclusa el derecho a ser atendidos del cáncer de próstata que padecen.
El gobierno deberá responder también por las violaciones a los derechos humanos de los ex trabajadores de PDVSA, a quienes les confiscaron sus ahorros personales, sus fondos de pensiones y sus prestaciones sociales luego de haber sido despedidos masivamente por ejercer su derecho a la protesta pacifica en el año 2002. También tendrá que rendir cuentas sobre la persecución contra sus directivos, sobre los desalojos inhumanos de mujeres y niños en aquellos aterradores días del año 2003, cuando fueron sacados como animales de sus casas en el campo petrolero de la Urb. Los Semorucos, en horas de la madrugada por la Guardia Nacional.
Habrá que escuchar atentamente como justifican la publicación de la llamada Lista Tascón, ahora conocida como Maisanta, para discriminar a todos aquellos venezolanos que firmaron contra el presidente Chávez en el referendo revocatorio efectuado en el año 2004 y que ahora es utilizada como herramienta de discriminación para negar empleos y contratos en la administración pública, becas y cupos de estudio, por ejemplo.
A pesar de que los tiempos en la evaluación son cortos para cada país, Venezuela tiene mucho que explicar sobre la situación de violencia y hacinamiento carcelario, los motivos por el cual somos el país con el mas alto índice de criminalidad en América Latina con 19 mil homicidios registrados en el año 2009, los miles de ajusticiamientos denunciados en los que están involucrados policías regionales, nacionales , municipales y organismos de seguridad del estado, las torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos los detenidos en los centros carcelarios, los cientos de invasiones y confiscaciones a fincas y empresas sin los procedimientos administrativos de expropiación que determinan las leyes nacionales y que han traído la destrucción y desolación de campos y tierras otrora productivas, desempleo, inseguridad y un gran desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Cuando usted lea esto, estimado lector, ya sabremos como les fue a los representantes del gobierno nacional, en Ginebra. ¿Justificarán lo injustificable?
