25/01/12
La edición de la revista “Zeta” de esta semana (No. 1837) ofrece un ejemplo de las contradicciones de los medios de comunicación venezolanos con relación a la censura, autocensura y colaboracionismo con el régimen que podría ser objetivamente definido como representante-asociado con el crimen organizado transnacional, pero que los medios se empeñan en presentar y promover como ejemplo de la legitimidad y legalidad del ejercicio político, en la teoría y en la práctica, de alguna ideología de izquierda.
Para los medios, existe una Venezuela democrática en transición. Zeta lo expresa con claridad en su portada: “Primarias polarizadas. Capriles vs. Pablo Pérez (foto). Péndulo: Rol de la Iglesia en la Transición. Ministro de la Defensa “amigo” de las FARC. María Corina se ROBA el show”.
El editor Rafael Poleo, desde su “exilio” en La Florida, lo expresa en la “Balada del lobo débil”: “Mientras la declinante salud de Chávez corta cualquier posibilidad de que en Venezuela se instaure un régimen comunista, la Iglesia y la Fuerza Armada convergen en un proyecto de nueva democracia, cuya característica parece ser la de una sociedad integrada y tolerante que pueda construir una nación próspera y justa”.
Para Poleo, existe un enfermo y único responsable de la usurpación de los poderes públicos mediante el fraude político-administrativo-electoral en su origen, así como en su desempeño por completo al margen del Estado de Derecho a partir de 1999, de esta manera exoneraría a los miembros de las Fuerzas Armadas, de los poderes públicos y de las diversas instituciones políticas, gremiales, académicas, sindicales y eclesiásticas, por su complicidad, asociación y colaboracionismo, por su acción e inacción ante las violaciones sistemáticas, permanentes y continuadas de los derechos humanos civiles y políticos de los residentes en el territorio, que correspondería con la categoría de los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, de jurisdicción planetaria y sin prescripción.
Esta primera conclusión es en extremo escandalosa y pretende ser impuesta mediante la censura de los medios, asfixiando toda expresión que la denuncie, cerrados por completo al debate de la realidad política objetiva a partir del 4DIC2005, fecha considerada por investigadores y académicos en la especialidad, como la mayor expresión de madurez democrática, cuando más del 84% de los mayores de edad nos negamos a participar y convalidar otro de los fraudes-pantomimas electorales, un régimen y una Asamblea Nacional que habría sido desconocida y despreciada por las mayorías, pero que los medios reconocieron y han seguido sosteniendo a espaldas del colectivo.
A pesar del fraude electoral sistemático a partir de 1999, del que los militares son corresponsables de forma directa e integral, Zeta identifica como primera manifestación-reacción de los militares la supuesta acción institucional “cuando forzaron a Chávez a aceptar la derrota en el referendo para cambiar la Constitución, en el año 2007”. Adicionalmente, minimiza la supuesta “transacción” con el CNE que las oposiciones habrían aceptado: “La coma se rodó hacia la izquierda. El 8,2% de la diferencia se convirtió en 0,82%”.
Reaparecen entonces: “los militares vuelven a asumir el protagonismo. Lo hacen dentro del movimiento, respetando los estatutos” (del PSUV), para explicar el desenlace de la sucesión del “enfermo” entre las aspiraciones del representante-“El Heredero” de Castro y “El hombre de Fuerte Tiuna”.
Esta segunda conclusión es también escandalosa: el país habría quedado reducido a la exclusiva voluntad expresada por los militares y los extremistas miembros del partido único del régimen, en medio de la comparsa de la “fiesta electoral” de las “oposiciones”.
El argumento fundamental mediante el cual se le asigna al régimen un carácter ideológico estaría sustentado en el hecho de que “Lo que se ha sabido después es que Hugo Chávez siempre fue comunista, aunque el suyo fuera un comunismo revuelto… Pero era comunista el proyecto dentro del cual a Chávez lo sembraron en la Academia Militar, un propósito a largo plazo…..”.
De esta manera, la pantomima ideológica es reconocida, a pesar de que el origen y el desempeño del régimen fuera el fraude del crimen organizado asociado a la subversión y al narcotráfico mundial, hasta los niveles del genocidio, si tomamos en consideración la discriminación, el exilio, el secuestro judicial, la presencia de un ejército extranjero de ocupación y el exterminio encubierto en el incremento sistemático de los asesinatos, sumando desde 2800 en 1998 a más de 19 mil 500 en 2010.
Después, resultaría que la explicación de Zeta se habría hecho: “…partiendo de un punto que hasta ahora se había pasado por alto. Algo que se remonta a los orígenes de la revolución bolivariana. Ese punto clave es que esa revolución no era comunista, que los militares nunca lo son. Lo que afloró el 4 de febrero de 1992 fue un proyecto derivado del nasserismo de los años sesenta.” Se consolida así la legitimidad de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la responsabilidad penal por los crímenes acumulados entre 1999-2012 la comparten por acción u omisión, en los grados de cómplices, socios y colaboracionistas, tanto los comunistas como los nasseristas u otras corrientes secretas promovidas por las “logias militares”. Poleo nos presenta unos comunistas “malos” y unos “nasseristas” buenos o aceptables, quienes estarían tomando el relevo en la transición representados por “El hombre de Fuerte Tiuna”, quien “…tenía tiempo trabajando en el partido con un disimulo que recuerda al de Juan Vicente Gómez frente a Cipriano Castro”. ¿Lisonjeando?
Un tercer aspecto se relacionaría con el cambio en la política de la Iglesia Católica iniciado con la nueva directiva en la Conferencia Episcopal y porque “…reasume a Moronta, el antiguo contacto con la juventud militar.”
La Iglesia católica ha sido uno de los bastiones más fuertes y firmes, después de las Fuerzas Armadas, para el sostenimiento del régimen mediante la credibilidad y legitimidad que le ha otorgado con su bendición. Poleo le asigna una gran trascendencia al más reciente de los documentos de la Conferencia, en el cual le atribuye que “condena lo fundamental en el plan de Hugo Chávez, que es la exclusión, condición ésta propia e indispensable de todo proyecto revolucionario. Como prueba de que su intención es activa, llama a la reconciliación entre los venezolanos, lo cual lleva implícita una grave acusación contra Chávez, la de que ha dividido al país. Rompe uno de los mitos más cínicos del régimen, el de que no tiene presos políticos… Y denuncia la parcialidad de las autoridades electorales, planteando un problema cardinal que la Oposición debe afrontar apenas decida quién es su candidato.”
Es imperativo expresar el escándalo de semejantes afirmaciones, si tomamos en consideración la ligereza de considerar el cuadro de violación de derechos humanos industrializado, representado por la persecución, el exilio, el secuestro judicial que conduce a los expertos a concluir que buena parte de la población de los centros de reclusión estaría secuestrada y privada de sus derechos, mientras algunas organizaciones no gubernamentales y los medios clasifican sólo un minúsculo grupo como “presos políticos”.
¿Han investigado los periodistas cuántos de los presos por causales diversas son en realidad perseguidos políticos? De esta forma, algunas ONG defensoras de los derechos humanos visitan sólo los prisioneros con esa “etiqueta” miope e irresponsable que le asignan las “oposiciones” y los “comunicadores” a ciertos secuestrados judiciales. Pero la mayor tragedia estaría en ocultar los programas de exterminio, así como las demás víctimas de las miles de manifestaciones sistemáticas del totalitarismo del crimen organizado de carácter transnacional vigente en Cubazuela, como califica Poleo al territorio de Venezuela.
Parecería inaceptable reconocer el saqueo del patrimonio público y privado, aunque sea tradicional en la Historia de Venezuela, como algo propio y denigrante de nuestra cultura e insuperado todavía en el siglo XXI.
Debe también quedar muy en claro que al estar siendo usurpados todos los poderes públicos y ejercidos al margen del Estado de Derecho, de forma clara y progresiva a partir del 15AGO2004, incluidos el comando de la FFAANN, la jefatura y la representación del Estado, hasta las autoridades regionales y municipales, todas las autoridades carecen de legalidad y de legitimidad y por consiguiente, el deber de los ciudadanos es el de desconocerlas y hacer lo que esté a nuestro alcance para restablecer el imperio de la ley.
Moronta debe aclarar, primero en su conciencia y luego, en la de la juventud militar, que todas las corrientes representadas dentro de los altos mandos de las Fuerzas Armadas habrían quedado descalificadas para exigir su exoneración judicial como condición para contribuir, ni mucho menos guiar al colectivo para restablecer el Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, mientras que todas las acciones que emprendamos para desconocer y deponer al régimen se corresponden con órdenes de la máxima jerarquía constitucional para todo ciudadano civil o militar.
