14/03/12
En Venezuela mueren a diario un promedio de 48 personas producto de heridas por arma de fuego provocadas por la violencia amparada por el gobierno nacional. Estas muertes ya pueden clasificarse por diferentes renglones como lo son el status socio-económico, por edades, por sexo, por profesión y hasta por militancia partidista. En mis ocho años como investigador de homicidios jamás se discriminó y mucho menos se trabajaban los casos dependiendo quien fuera la víctima, eran homicidios y nuestra función era resolver los casos.
Hoy día al parecer las policías preventivas no están cumpliendo con su objetivo que es evitar que los delitos se cometan y debe ser que no son suficientes por la exterminación de la Policía Metropolitana pero peor aun es que el Ministerio Público, órgano encargado de dirigir la investigación criminal para sancionar y evitar que estos hechos se repitan, no cumple con su función. Ciertamente en un país donde vemos públicamente a las autoridades insultando, amenazando, colocando apodos e incitando a la violencia lo normal es que se cometan homicidios pero lo lógico seria que existiendo un Ministerio Público el cual lleva el monopolio de la investigación se dedicara conjuntamente con el CICPC a resolverlos y buscar el castigo de los culpables. Según expertos, en Venezuela solo se resuelven el 2% de los casos de homicidio y yo formo parte de esa estadística ya que me encuentro sentenciado (sin mas prueba que el testimonio de dos personas) por un delito que no cometí pero donde un grupo de "los mejores fiscales del Ministerio Público" se confabularon con unos jueces para darle legalidad a dos testigos falsos que con el tiempo se arrepintieron públicamente y denunciaron ante los medios la asociación entre funcionarios del estado para conseguir unos culpables "EXPRESS" y así poder complacer al jefe del régimen y silenciar los medios de comunicación que nunca creyeron dicha versión.
Si esta es la manera en que piensa el Ministerio Público resolver los homicidios habrá que hacerle seguimiento a todos aquellos casos donde el régimen se pronuncie pidiendo justicia y donde hallan participado estos jueces y fiscales.
Ya nos acostumbramos a que mueran niños, mujeres y ancianos productos de balas perdidas o por estar en la línea de fuego del hampa o para robarles un teléfono celular; nos acostumbramos a que maten Taxistas y MotoTaxistas, y que dichos casos reposen en los archivos del Ministerio Público, pero lo mas increíble es que maten y/o hieran funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones y ya esto no sea motivo de noticia para sus propios jefes y menos aun que maten cinco en una semana.
Pero ahora resulta que mueren dos militares a manos de una guerrilla extranjera autorizada a transitar por territorio Venezolano y comienzan los pronunciamientos del Ministro de la Defensa, la Defensora del Pueblo, el Presidente de la República repudiando tal hecho y solidarizándose con las Fuerzas Armadas y hasta los Diputados se declaran en sesión para discutir el tema de la muerte de los dos militares. Pero las muertes de los funcionarios policiales casi pasan desapercibidas y no vemos al Ministerio Público designando Fiscales especiales para dirigir las investigaciones, ni al Ministro del Interior ordenando buscar por cielo y tierra a los matapolicías, a excepción de un comentario hecho por el Director del CICPC cuando dijo que los dos policías asesinados en Carora-Edo. Lara no eran funcionarios ya que uno se desempeñaba como administrativo y el otro era un pasante, pero el hampa solo sabe que tenían credenciales policiales y eso fue suficiente para quitarles la vida.
En el CICPC existen archivistas, choferes, mensajeros, motorizados y hasta mozos de morgue que por falta de personal apoyan en una investigación. Es posible que la solución a este tipo de problemas sea quitarle las credenciales al personal administrativo y darle una carta de trabajo con el fin de que, en caso que lo asesinen no aparezca en las estadísticas como funcionario policial.
Este comentario solo es comparable con lo dicho por el ex Director del CICPC Marcos Chávez cuando dijo que los muertos entre bandas no se computaban como homicidios ya que eso eran "ajustes de cuentas".
El problema no es que pase sino dejar que siga pasando.
