3/6/12
La Cátedra Pío Tamayo
de Historia Actual ha planteado dos preguntas apremiantes: ¿Por qué suspende la
Comisión Electoral de la UCV las elecciones rectorales? ¿Se defiende así la
Autonomía Universitaria?
Formalmente, la
Comisión Electoral suspendió el proceso comicial con base en la Sentencia 83,
de fecha 17-05-12, mediante la cual la Sala Electoral del TSJ condenó al
Consejo Universitario en pleno y le impuso una multa de 200 Unidades
Tributarias a sus miembros (no oficialistas) por presunto desacato de la
Sentencia 104, del 10-08-11, que a su vez ordenaba no realizar ningún proceso
electoral hasta tanto no se dictara un nuevo reglamento electoral, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación.
La primera curiosidad
es que la sedicente Sentencia 83 había sido suspendida en todos sus efectos por
decisión de la Sala Constitucional, del 21-05-12, que se avocó al conocimiento
del caso mediante el no menos curioso mecanismo de la “notoriedad judicial”, que
es una especie de notitia criminis, para
no decir que nadie se lo había pedido, al menos aparentemente.
De manera que la
suspensión no tiene sustento alguno y si se acata la sedicente sentencia 83, se
está desacatando la otra sentencia de la Sala Constitucional; pero estos detalles
jurídicos no parecen importarle a nadie.
La parte sustancial es
que el CU está atrapado en un dilema insoluble que puede resumirse así: afirmar
la Autonomía de la Universidad ateniéndose a todas las consecuencias (una
inmolación positiva); o capitular ante la presión del régimen, dictando un
reglamento electoral a todas luces inconstitucional e ilegal y repugnante a la
conciencia universitaria (una inmolación negativa).
Aunque es difícil
imaginarse a la rectora saliendo esposada de la UCV, con los demás miembros del
CU como reos de delitos inexistentes, hacia una de esas confortables cárceles
de Venezuela; es cierto que la Sala Electoral remitió el expediente a la
Fiscalía, alegando visos de carácter penal y habiendo asumido el caso la Sala
Constitucional, como una espada de Damocles, no es como para sentirse tranquilos.
Así han sacado a la
juez Afiuni, a políticos y empresarios que ni se hubiera soñado que se pudiera
hacer y el país “bien gracias”, como si nada hubiera ocurrido.
El final de la historia
es que no se encuentra término medio entre el sacrificio físico o moral de las
autoridades, como no sea confeccionar un vergonzoso reglamento de transacción, con participación paritaria
universal pero “ponderados”, que no satisface a ninguna de las partes en juego,
ni será aceptado por nadie en el público.
Por último, lo que
sería la solución criolla típica: “Correr la arruga”, unos mesecitos más, para
llegar al 7 de octubre cuando, como se sabe, parirá la abuela, se cuadrará el
círculo y, por fin, la montaña vendrá a Mahoma.
DE
UNA ILEGALIDAD A OTRA
El profesor Absalón
Méndez apunta hacia un hecho tan notorio que nadie se atreve a hablar de él y
es que de 11 decanos 9 son interinos y a partir del 20 de junio, de hecho,
todas las autoridades de la universidad serán interinas. Un interinato equivale
a una intervención, como en aquellos lejanos tiempos del doctor Caldera.
La suspensión de las
elecciones parece un problema menor frente al otro tema de la Autonomía, que se
revela como un discurso vacío, porque ya es un hecho que la Universidad no es
autónoma.
Para comprobarlo basta
comparar el artículo 9 de la vigente Ley de Universidades, con el 109 de la
Constitución y el 34 de la Ley Orgánica de Educación.
Allí se verá palmariamente
cómo se ha venido desdibujando la Autonomía, de una concreta y consistente, en
todos su extremos: como Autonomía Organizativa, para dictar sus normas
internas; Académica, para planificar, organizar y realizar sus programas de
investigación, docente y de extensión, que fueren necesarios para el
cumplimiento de sus fines; Administrativa, para elegir y nombrar sus
autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo;
Económica y Financiera, para organizar y administrar su patrimonio.
Hasta llegar a convertirse
en un fantasma como eso de “libertad intelectual” o “actividad
teórico-práctica” que aparece en el citado artículo 34 de la LOE, que el TSJ
quiere imponerle a las Universidades Autónomas.
El problema no es la
participación en la elección de sus autoridades de los diversos sectores que
hacen vida en la universidad, porque eso no es nada nuevo, sino parte de una
vieja lucha interna, que bien puede resolverse con métodos universitarios.
El problema está en la
mentira, el engaño, la manipulación con que se está manejando el asunto. La
verdad, debimos seguir con nuestro proceso electoral como estaba previsto,
elegir a las autoridades como manda la Ley de Universidades, que está vigente,
y luego que el gobierno haga lo que le parezca.
Pero no, se suspenden
las elecciones y el CU no asume su responsabilidad sino que dice que la
Comisión Electoral es autónoma en sus decisiones y eso es otra gran mentira.
Dicho sea al margen, la
Ley de Educación Universitaria que debía sustituir a la actual Ley de
Universidades no fue promulgada mediante lo que se llamó entonces un “veto
presidencial”, para someterla a un debate nacional, lo que fue recibido con
gran jolgorio por la oposición y alivio de la universidad.
El pequeño detalle es
que la fórmula del “veto presidencial” no existe en la Constitución que permite
devolver una ley a la Asamblea, someterla a consulta del TSJ, pero al final si
no se promulga, la Asamblea puede hacerlo, sin perjuicio de la responsabilidad
que le quepa al presidente por esta omisión.
Pero otra vez, nadie se
detiene en detalles jurídicos porque la conveniencia momentánea siempre suple
con creces a la legalidad formal.
Con esta displicencia
se interpretó la sedicente sentencia 104, que daba 75 días hábiles para su
ejecución; pero la consultoría jurídica interpretó, burlándose, que “día hábil”
para el CU es cada día de sesión, por tanto, 75 días se traduce como en año y
medio.
El CU termina estando
donde debía estar, en franca rebeldía, aunque no lo admita.
A
LA DERIVA
Para el profesor Víctor
Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, la tragedia que
estamos viviendo es producto de la falta de liderazgo, en general, pero en
particular del CU, que no asume las consecuencias del problema en que se
metieron.
Es inconcebible pensar
que se pueda tomar una decisión tan grave como ésta, de llamar a elecciones,
sin haber considerado qué iba a hacer la otra parte, con qué nos iba a venir.
La APUCV asume su
responsabilidad, llama a asambleas y decide seguir adelante con el cronograma
electoral; pero en el ínterin el CU toma su decisión de suspender las
elecciones a través de la Comisión Electoral, pero tampoco asume las
consecuencias. Es mentira que la CE sea autónoma y que el CU no tenga nada que
ver con sus decisiones.
Asimismo se ha
determinado la estrategia del gobierno, que se resume en tres grandes
lineamientos. Primero, el cerco presupuestario. Luego, incumplimiento de las
normas de homologación, generando conflictividad interna, además del proceso de
deterioro de las instalaciones. Tercero, la violencia, para generar un clima de
ingobernabilidad.
Por su parte las
autoridades siguen la agenda del gobierno, por ejemplo, eliminando el Fondo de
Pensiones. Es evidente que no hay autonomía, pero por culpa de las mismas
autoridades. Hemos comprobado suficientemente que es más difícil, más dura la
pelea interna que la otra, frente a los enemigos externos de la Universidad.
Para el profesor Rómulo
Orta, representante de los profesores ante el CU, es necesario ver el problema
en forma más amplia, más allá de si se suspenden o no las elecciones. El
problema es el militarismo, que se manifiesta de dos maneras. Primero, la
autonomización de los militares, que se zafaron del poder civil. Segundo, la
expansión del militarismo a toda la sociedad, por lo que están copando todo, de
lo que no pueden escapar las universidades.
¿Qué es lo importante?
Cómo insertarnos en proyectos reales. Hemos propuesto tres: el plan de
gerencia; el plan estratégico y la agenda social, de superación de la pobreza
según las metas del milenio propuesta por las Naciones Unidas.
En cuanto al tema de
las elecciones, fueron suspendidas por la Comisión Electoral, que es autónoma
en sus decisiones. El CU no tuvo nada que ver en eso.
En cuanto a los otros
problemas, los resume en tres refranes populares: Deseos no empreñan. Esto no
es soplar y hacer botella. El miedo es libre.
La verdad es que
estamos solos. Los rectores de las otras universidades autónomas ya nos dijeron
que ellos van a acatar las sentencias. Y otra cosa sería si hubieran miles de
profesores y estudiantes allí de pié, dispuestos a batirse al lado de sus
autoridades.
Finalmente, atacar al
CU tampoco lleva a ninguna parte.
EPÍLOGO
Si alguna destreza han demostrado
los nacionalsocialistas es en entrampar a la gente en callejones sin salida. Así
que este atolladero no es casualidad, ni una fatalidad histórica o natural, es
producto de la voluntad política del régimen militar de acabar con la universidad
autónoma.
Como el principio
universitario es la autonomía, el principio militar es la subordinación. Entonces,
la alternativa a la universidad autónoma es aquella alineada con el proyecto
político oficial adscrita a un ministerio ejecutivo, el llamado “Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria”, que tiene entre sus objetivos
poner a las universidades al servicio de la construcción de la “patria
socialista”.
De manera que lo de la
elección de autoridades con participación de todos es un subterfugio más que
conduce a la destrucción de la universidad como lo que ha sido, un ente
corporativo, que reúne a profesores y estudiantes en la búsqueda de la verdad.
Como sabemos, la
cualidad de miembro de una corporación está determinada por una condición
objetiva, una cualidad profesional, vinculada al fin corporativo específico,
como ha sido desde la Edad Media, cuando nació la universidad.
El carácter profesional
es del docente, que enseña y el discente, que recibe la enseñanza. Todo lo
demás es accesorio. Pretender meter allí al personal administrativo, técnico y
de servicio es eliminar al ente corporativo y sustituirlo por otra cosa.
Lo irónico es que una
vez hecho esto no se volverá a elegir a nadie, porque los ministros son
designados como los administradores de todas las universidades alineadas con el
proyecto político nacionalsocialista.
La propuesta de la UCV
parte de la libertad, de docencia e investigación, porque como se ha demostrado,
en materia de conocimiento y creación, lo único que funciona es el principio de
autonomía, en todos sus aspectos.
Así como el otro es un
pasaje expreso al fracaso, uno más de los tantos que llevamos a cuestas. En ese
tren de ganado nunca se montará ningún auténtico universitario.
