El maquillaje más exitoso para encubrir la desaparición del Estadio
de Derecho y para justificar la violación sistemática de los derechos
humanos, hasta conformar expedientes irrefutables de crímenes de lesa
humanidad y de lesa patria, ha sido el disfraz ideológico de la invasión
y conquista de la República de Venezuela por el crimen organizado
transnacional, utilizando como operador al Foro de Sao Paulo y como
ejecutor al régimen cubano, promoviendo con éxito, entre la ignorancia e
inexistencia de valores locales, un denominado “proceso”, a su vez
revestido con el atuendo de una ideología de “izquierda” con tocado de
“socialismo del siglo XXI”.

No existe posibilidad razonable de establecer el “imperio de la ley”
mediante la práctica de las elecciones del CNE, por haber sido diseñadas
integralmente como el instrumento privilegiado para desconocer la
voluntad del colectivo y ejercer de forma arbitraria el control
socio-político de la ex nación. La ocupación del territorio mediante el
ejército cubano y los contingentes de mercenarios sólo aseguraría el
control militar del territorio para la vigencia de VENECUBA, o
CUBAZUELA.

Cuando los participantes activos y pasivos en actos electorales
organizados en estas condiciones son señalados de colaboracionistas, se
está describiendo de manera muy precisa la categoría de complicidad y de
asociación con el régimen de ocupación, refiriéndolo al caso que
engendró tal definición durante la ocupación nazi a Francia, que a su
vez determinó la aparición de los valores que habrían sido las semillas
para la creación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

El debate público de la demostración de los argumentos sostenidos
anteriormente ha sido censurado por completo a partir del 4DIC2005
(“elección de la Asamblea Nacional”), cuando la sociedad civil
venezolana generó de forma espontánea una manifestación trascendente
reclamando el respeto de los valores del humanismo promovidos como ley
de los Estados a partir de 1948, despreciando de forma pacífica y
contundente el sistema político y electoral, desconociendo de forma
clara y directa los poderes legislativo y electoral, e indirectamente el
judicial, ejecutivo y ciudadano, pero fue traicionada hasta hoy por los
practicantes directos del colaboracionismo político, y por los
cómplices y socios del crimen organizado y en los crímenes de lesa
humanidad.

Aún con las mejores intenciones, asociarse en cualquiera de las
categorías: colaboracionistas, cómplices o socios del crimen organizado
para promover y participar en el fraude político-electoral, columna
vertebral para la “legitimación” y “legalización” de la usurpación de
los poderes públicos nacionales, y progresivamente de los estados,
municipios y parroquias, no cambia en absoluto la gravedad de los
delitos como crímenes de lesa humanidad, causas universales e
imprescriptibles.

Los representantes de las minorías nacionales en la MUD, respaldados
por la escandalosa y cómplice acción institucional usurpada y por la
censura de los medios de comunicación social, actúan como la otra cara
de la moneda, como complemento del régimen, oprimiendo toda voz
disidente de la práctica del mecanismo privilegiado electoral para
cohonestar la usurpación de los poderes públicos y la representación del
colectivo.

Los valores necesarios para restablecer el “imperio de la ley” en el
territorio que ocupaba la República de Venezuela, recuperar las
libertades y terminar de forma pacífica pero firme con la ocupación
militar extranjera, para restablecer el ejercicio de los valores
democráticos mediante el respeto de la voluntad del colectivo expresada
en el sufragio universal, directo y secreto, están muy lejos de las
pantomimas electorales organizadas por el régimen, su CNE y sus mesas
coordinadoras o de la unidad democrática. Habría quedado establecido que
participar de forma pasiva o activa en el fraude-pantomima
político-electoral sólo contribuye a extender la vigencia de la
usurpación de los poderes públicos y al irrespeto por los derechos
humanos.

Retomar las acciones colectivas cuasi unánimes como el “participo
votando” en el Referéndum “Ratificatorio” del 15AGO2004, o por el
“participo no-votando” del 4DIC2005 tiene un carácter y un impacto
determinante hacia el restablecimiento de los valores, todo lo opuesto
con la deplorable pantomima electoralista que atribuye y celebra éxitos
en la estrategia que proclama usurpadores rojos y azules, representantes
de las dos caras de la misma moneda, mientras que con la asociación de
los medios de comunicación social censuran y aplastan toda iniciativa
legítima de carácter verdaderamente liberal y democrático.

Los principios universales del derecho así como el sentido común nos
señalan la conveniencia y el deber de desconocer un régimen cuyo origen
no ha sido otorgado por el pueblo, por el colectivo, o cuando habiendo
sido legítimo en su origen se hubiere desviado posteriormente, pero en
la confusión de la opinión pública han tenido y tienen un papel
fundamental quienes promueven, aún con las mejores intenciones o con el
mayor grado de interés o estupidez, un mismo sistema político-electoral
que sirve tanto a dictadores como a los supuestos demócratas y excluye
por completo a las mayorías.

No se trata de colocarle parches al Registro de Electores-RE, al
Registro Civil-identidad, a los sistemas electrónicos-cajas negras, a la
discriminación y persecución con el “apartheid criollo” para estimular
el miedo y terror, pasando de 2800 asesinatos en 1998 a más de 19 mil en
2010 y al sometimiento patético de quienes juraron defender la
soberanía con el uniforme del Ejército “forjador de libertades”. Se
trata de otra cosa muy real y distinta.